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Sabado, 16 de Febrero de 2019
TDP: “El uso de capacidad satelital no está gravado con Impuesto a la Renta”

Actualmente la Corte Suprema tiene pendiente la definición de la controversia que mantiene Sunat en cinco procesos judiciales contra el Tribunal Fiscal y Telefónica del Perú (TDP) sobre la obligación de retención del Impuesto a la Renta (IR) por servicios satelitales.

Dice TDP que el servicio de capacidad satelital no está gravado con el IR en el Perú y que la propia Sunat y luego el Tribunal Fiscal reconoció que los costos generados por este servicio no son rentas de fuente peruana y por tanto no están gravados con IR.

"Los servicios de los operadores satelitales se producen a 36 mil kilómetros de la tierra, es decir, en espacio ultraexterior, lo que significa fuera de territorio peruano. De acuerdo a la opinión técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la aplicación de la Ley de IR, la Sunat concluyó en 2009 que los ingresos de los operadores satelitales se producen fuera de territorio peruano y por tanto no está gravado con IR en el Perú", asevera la transnacional.

Agrega además que desde el 2005, la Sunat no grava con IR la capacidad satelital de ningún contribuyente que hace uso de este servicio.

"Esa conducta genera una confianza necesaria en los administrados que es lo que se conoce como predictibilidad tributaria", afirma TDP. Precisa también que la Intendencia Jurídica de Sunat concluyó en el 2009 que “no califican como rentas de fuente peruana las retribuciones obtenidas por los operadores de satélites geoestacionarios no domiciliados en el país por la provisión del servicio de capacidad satelital a empresas de telecomunicaciones domiciliadas en el Perú”.

Al respecto, el Tribunal Fiscal emitió cinco decisiones en el mismo sentido. Sin embargo, la procuraduría de Sunat promovió cinco procesos judiciales aunque las sentencias en primera y segunda instancia coincidieron con los criterios del Tribunal Fiscal, excepto el proceso referido al 2002.

Claves

Telefónica alertó que una sentencia en contra atentaría contra la seguridad jurídica y transformación digital del país generando un sobrecosto donde los más perjudicados serían cerca de 8 millones de peruanos.

Fuente: Diario La República

 
 
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