Domingo, 19 de Agosto de 2018
Club de la construcción: Este es el impacto tributario de presunta colusión

Para el abogado tributarista, José Verona, se habría generado un menor pago Impuesto a la Renta y de Impuesto General de la Ventas. También consideró que la Sunat pudo detectarlas. Mayores detalles aquí.

El último viernes el Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público para realizar un allanamiento y detención de seis ejecutivos vinculados a 30 empresas, que habrían conformado el llamado “Club de la Construcción”.

De acuerdo, a la tesis de la fiscalía – basado en lo dicho por un colaborador eficaz – diversas empresas dedicadas a la construcción de obras públicas se habrían coludido para repartirse las obras de Provías Nacional, entidad que depende del MTC.

Entre las empresas implicadas – según la fiscalía – estarían Cosapi, Graña y Montero, Obrainsa, ICCGSA, JJC,Málaga , Johesa, San Martín,  entre otras. En este acuerdo, participaba un exfuncionario del MTC – hoy detenido (Carlos García Alcázar) – que recibía el pago como comisión de 2.92% del valor referencial de la obra por la empresa que era beneficiada con la buena pro.

Son más de S/ 9,000 millones adjudicados entre el 2011 y 2014, años en los que habría actuado el “Club de la Construcción”ganando al menos 25 contratos de Provías Nacional, pero ¿cuál fue el impacto tributario de la presunta colusión?

El abogado tributarista, José Verona, explicó a Gestión.pe que se habría generado un menor pago de Impuesto a la Renta (IR) y de Impuesto General de la Ventas (IGV) debido a que presuntamente se emitieron facturas falsas o por servicios inexistentes para sustentar el pago de la dádiva o “coima”, lo que generó un menor pago de IGV o de IR.

Según la Fiscalía, el encargado de hacer entrega de esos pagos eraRodolfo Prialé de la Peña, quien sería representante de las empresas investigadas

“Hasta donde sabemos todas estas obras estuvieron garantizadas con cartas fianzas de fiel cumplimiento y de adelanto, así cuándo se ganaba la buena pro y se firmaba el contrato, salían estas cartas fianzas e inmediatamente se daba el adelanto. Contra el adelanto se hacía un desembolso y para no pagar el IGV e IR presuntamente se emitían facturas falsas o por servicios inexistentes que tenía como finalidad (el pago) de este acuerdo ilegal – que hoy los sabemos – que daña la caja del Estado”, detalló el letrado.

En esa línea, consideró que la Sunat debió identificar la presencia de un cártel de la construcción a través de las labores de fiscalización.

“Este caso lo que revela es que está fallando el sistema de fiscalización de la Sunat y pasando por agua tibia estos acuerdos bajo la mesa porque si la fiscalización de Sunat fuera efectiva pudieron haberla detectado, pero no fue así sino se descubrió por colaboradores eficaces que denunciaron el hecho ante la Fiscalía”, indicó.

Ante lo cual, recomendó la creación – dentro del ente tributario – de un equipo de fiscalización especializado en licitaciones públicas, que responde a una dinámica especial y que tenga la capacidad de detectar actos colusorios, que impliquen corrupción.

“Pero lo más importante es un programa de fiscalización de la Sunat dedicado a aquellas empresas que participan en licitaciones públicas, con equipos de profesionales especializados y que conozcan cómo se desenvuelve las licitaciones públicas; no con equipos que pasan de un sector a otro. Lamentablemente de ello carece la autoridad tributaria”, dijo.

Por último, precisó que algunas actitudes deben llamar la alerta de la Sunat como los tipos de comprobantes que usan las empresas, que participan en licitaciones públicas, para sustentar el uso adecuado del adelanto de obra. Así como los contratos que los sustentan, ya que este adelanto no tiene como fin pagar presuntas consultorías. 

“Otro tipo de alerta es cuáles son las empresas que tienen más contratos de licitación y cómo lo tienen. La Sunat tiene información a la mano. No puede fiscalizar a empresas privadas con los mismos lineamientos que las empresas que participan en licitaciones públicas, que tienen características específicas como la presentación carta fianza y que muchas veces tienen un adelanto de 30% a 20% del valor de la obra. Ahí surgen varias interrogantes: qué se hizo con ese adelanto, a quién se le pagó, entre otros cuestionamientos”, puntualizó a Gestión.pe.

 

Fuente: Diario Gestión 

 
 
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